Ante la confirmación por parte del Ministerio Público con respecto a la inimputabilidad de los supuestos autores del abuso sexual a un niño de seis años en un colegio de Lambaré, el abogado Óscar Tuma sostuvo que una de las alternativas en el marco del proceso judicial sería la posibilidad de establecer una demanda en el ámbito civil que recaería nada más en una reparación económica.
En comunicación con el diario La Nación-Nación Media, el abogado argumentó que “el sistema penal paraguayo prescinde de la persecución penal de los hechos punibles atribuidos a las personas que no hayan cumplido aún los 14 años; es decir, en los términos referentes al artículo 21 del Código Penal son considerados inimputables. Hasta los 14 años son niños, desde los 14 hasta la mayoría de edad adolescentes, esa es la distinción que hace nuestra legislación”.
Los presuntos agresores tendrían la edad de 12 y 13 años, respectivamente. En ese sentido, Tuma indicó que al no ser imputables, los menores ingresarán al ámbito de protección donde serán aplicables las medidas de protección y apoyo previstas en el artículo 34 de la Constitución Nacional.
“El trámite adoptado por la legislación especial es que los niños que se encuentren en esta situación deben ser puestos a disposición de la Codeni de su ciudad para que estos a su vez se encarguen de la entrega a sus padres o adopten la medida más adecuada para el mismo como por ejemplo un tratamiento psicológico”, remarcó.
Mientras que los padres u otros responsables se exponen a acciones en el ámbito civil. “En este caso, se podrían realizar acciones por los daños y perjuicios contra los padres, pero solo en el ámbito civil, ahí se habla de una reparación económica”, dijo.
Finalmente, sobre la posibilidad de que el caso sirva como un antecedente para analizar la posibilidad de reducir la edad para la imputación a menores, Tuma mencionó que “no, en absoluto. Sería un error terrible, acá se deben buscar otras soluciones y ver dónde falló el colegio y no ir a lo simple de nuevo que es mirar el Código Penal como solución, acá se debe trabajar en mecanismos de seguridad en los colegios, protocolos, entre otros puntos”.
Actualmente, la jueza Gladys Fariña decretó la prisión preventiva de la directora, la coordinadora y una docente del colegio por violación del deber del cuidado y obstrucción de la persecución penal. Las mismas serán trasladadas esta mañana al penal de Coronel Oviedo, donde guardarán reclusión.