La administración entrante le da otro duro golpe a la gestión de la ex fiscala general del Estado. Todos los últimos nombrados y ascendidos quedan en su situación anterior a diciembre del 2022.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, continúa tomando medidas contra las disposiciones que había establecido la administración anterior, presidida por la entonces fiscala Sandra Quiñónez. Esta vez, dejó sin efecto todos los ascensos y nombramientos que se dieron desde diciembre del 2022.
La resolución dice que la Dirección de Talento Humano informó que hubo una gran cantidad de movimientos en el personal desde el último mes del año pasado hasta el 8 de marzo de este año.
A fin de optimizar entonces las funciones que competen al Ministerio Público, el fiscal general sostiene que “es necesario tomar medidas urgentes”, como lo fue esta.
MÁS GOLPES. El nuevo titular desde el primer día que asumió al cargo empezó a hacer movidas con relación a directivos.
Primeramente, fue reasignando en nuevas áreas a los fiscales adjuntos.
Y a fin de optimizar las gestiones, también se dispuso dejar sin efecto los traslados temporales y comisiones interinstitucionales de funcionarios o la prórroga de comisiones a otras instituciones.
Lo realizado hasta ahora da la imagen de que el fiscal general está haciendo buenas gestiones a días de su asunción lo que da esperanza de que devuelva la credibilidad en la Fiscalía, lo que se perdió con la gestión de su predecesora, Sandra Quiñónez, a quien se le cuestionó el cajoneo de causas, por años y su no reactivación.
Ya cuando se postuló como fiscal general, Rolón Fernández hablaba de que enfocaría su gestión en la “necesidad de ordenar la casa con todos sus términos”.
Además, había tomado a la Fiscalía como una de las mayores preocupaciones del sistema penal, porque contaba con muchas deficiencias.
“Existe el corporativismo, el grupismo y alguien de afuera podrá corregir esos puntos. Hay muchos que no sabemos en qué funciones están”, sostuvo a finales del 2022.
Sobre el punto de recuperar la credibilidad, había mencionado que “categóricamente” esa sería la tarea, y que esta sería “complicada y difícil”.
NUEVO ASESOR. El fiscal también resolvió que el ex juez Arnaldo Martínez Prieto –ex camarista del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial– será ahora el nuevo asesor jurídico del Ministerio Público.
Rolón –con este nombramiento– habla de una necesidad de fortalecer el área de Recursos Humanos, para mejor funcionamiento de la institución.
CUESTIONAMIENTOS. Quiñónez, la ex fiscala general, dejó el cargo el pasado 10 de marzo, pero no pudo ni quiso responder las consultas de su gestión y sobre causas que no se impulsaron.
En su contra apuntaron específicamente investigaciones a políticos que no avanzaron o que no se conocen progresos.
Como ejemplo, no hay imputación o desestimación en las causas contra el ex presidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, ya sea por lavado de dinero, contrabando, declaración falsa y otros hechos, los fiscales que lo investigan nunca cerraron los casos.
En la misma situación está el diputado colorado Erico Galeano, quien –según Seprelad– está vinculado al tráfico de cigarrillos. Después de un año de investigación, no hubo allanamientos ni otro operativo.
Tampoco hay nada con relación al actual intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, denunciado por sobrefacturación.
Fuente UH.