Los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) que están en paro y toma advierten que las personas que se reunieron el martes con el Gobierno no son compañeros de la lucha y que uno incluso es funcionario del Poder Judicial. Aclaran que la medida de protesta continúa y que en cada facultad se discutirán posibles soluciones para luego llegar a un consenso en asamblea.
La legitimidad de los voceros que calificaron como una victoria la reunión con autoridades del Gobierno es cuestionada por los propios estudiantes, quienes explican que las informaciones y decisiones en nombre de los universitarios que tomaron en el Rectorado se consensuan en las asambleas.
Los estudiantes no reconocen como sus representantes a los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) a Karina Silva, Rodrigo Scappini y Nicolás Antúnez.
“Esta gente que se fue ayer en supuesta representación de los estudiantes realmente no representan y no son la expresión de los estudiantes que están tomando sus facultades y que hoy están haciendo las barricadas en el campus, no son los que están luchando”, dijo Ernesto Ojeda, de la Facultad de Ciencias Sociales.
A su vez, Isabel Benítez, de la Facultad de Ciencias Médicas, comento que estas personas hicieron de voceras, pero no llevaron la información a la asamblea del Rectorado de la UNA, donde se discuten, votan y consensuan las acciones.Asimismo cuestionan la empatía de Scappini y Antúnez con el cartismo. El primero estuvo en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, mientras que Antúnez no solo aparece en reuniones con Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto por Estados Unidos e investigado por presunto enriquecimiento ilícito, sino que además es funcionario del Poder Judicial.
“El vocero es su funcionario y no tiene sentido que negocie con su empleado”. “Es súper autoritario, no es democrático lo que está haciendo (el Gobierno), pero sí es una muestra de desesperación”, criticó nuevamente Ojeda.
El dirigente explicó que es clara la reivindicación del estudiantado sobre el rechazo total de la Ley Hambre Cero, que elimina el Fondo Nacional de Alimentación Escolar y por tanto desfinancia varios programas.
Aunque la normativa incorporó un artículo por el cual blinda los recursos para el Arancel Cero y que además se propuso un nuevo proyecto para destrabar la toma, para los estudiantes la dependencia de Fuente 10 nunca es garantía.
Si bien el sector se centra en la gratuidad de los aranceles, también protesta por la desfinanciación de los demás programas que afectan a los fondos de salud y de investigación, entre otros.
En ese sentido la representante de Ciencias Médicas, insistió en que el Gobierno debe garantizar el derecho de todos por igual.
Por el momento sigue el paro en varias facultades y la toma del Rectorado, mientras que en cada unidad académica los estudiantes analizarán las alternativas y posteriormente llevarán su posición a la asamblea general de las 18:00.
Fuente UH