El ministro Antonio Fretes pidió permiso esta semana para apartarse de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que se hiciera público un contrato en el que su hijo Amílcar Fretes Escobar acordó con Kassem Mohamad Hijazi trabar su extradición a los Estados Unidos por USD 368.000.
El analista político Leonardo Gómez Berniga recordó que en el 2018 hubo una sentencia millonaria contra la Conmebol, en la cual otro de los hijos de Fretes, Pedro Aníbal Fretes Valenzano, se desempeñó como abogado de un ex trabajador, que terminó con una indemnización de más de G. 53.000 millones.
Se habló de una injerencia también vinculada al clan González Daher.
Pese al vínculo familiar, el ministro Antonio Fretes no se inhibió e incluso fue uno de los que rechazaron una acción de inconstitucionalidad presentada por la Conmebol.
En ese sentido, Gómez Berniga sostuvo que no se puede separar al padre del hijo, más cuando hay sentencias en las que el ministro no se inhibió, poniendo en tela de juicio la administración de la Justicia en provecho propio.
También mencionó otro juicio que guarda relación con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, donde la abogada Lourdes Beatriz González Gómez, accionista de una de las empresas del clan Fretes, fue la representante del caso y el ministro no se inhibió y además fue preopinante en una acción de inconstitucionalidad.
Origen de la fortuna
Leonardo Gómez nombró la inmobiliaria Río Salado, que comenzó a hacerse de propiedades en remates y en las que se presentaba otro de los hijos de Fretes, Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, quien figura como presidente y vicepresidente de varias empresas.
La abogada Lourdes Beatriz González Gómez figura también como representante de esta empresa y cabecilla del esquema de sociedades. Para Berniga, la familia comenzó a acumular fortuna con la inmobiliaria.
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En la cabeza figura uno de los hijos de Fretes, Asdrúbal Antonio Fretes, quien se desempeñó hasta el 2016 como asesor del Ministerio Público y aparece como presidente o vicepresidente en varias sociedades, como Jubal SA, Río Salado SA, la casa de crédito Ahoraité, Tebicuary Campos y Hacienda, que administra miles de hectáreas, y Negocios y Servicios SA, que tiene acciones en el Banco Continental, según refiere.
“Como el papá no puede recibir acciones de un banco, lo hace Asdrúbal”, remarcó el analista, a la vez de señalar que Asdrúbal no perdió los vínculos con la Fiscalía.
“Los vínculos que él tuvo con la Fiscalía no se perdieron, porque a la fecha hay un contrato de alquiler de Río Salado SA, donde le brinda alquiler a una dirección del Ministerio Público. La empresa se presenta solamente a una licitación y la gana”, dejó entrever.
¿Cómo adquirió Fretes poder?
El analista político indicó que Antonio Fretes pasó a ser un jugador importante en el Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), atendiendo a que es una institución que maneja un fondo importante y tiene mucha referencia, y en la que el Consejo Directivo está conformado por ministros, jueces y fiscales.
“Empieza a elaborar una estructura de cátedras y la distribución de becas de posgrado a personas que no tenían insolvencia, beneficiando a fiscales, jueces y asistentes fiscales”, detalló.
También expresó que en el Poder Judicial amplificó la Dirección Ambiental, ante la necesidad de una atención en dicha área, pero también para sumar un equipo político, con perfiles de liderazgo político y que funcionan como operadores dentro de la Facultad de Derecho y la Corte Suprema de Justicia.
La Dirección de Derecho Ambiental coordina las intervenciones interinstitucionales, realizando un seguimiento del cumplimiento legal y técnico de las medidas tomadas y asegurar el cumplimiento del principio legal de recomposición e indemnización por daños ambientales.
Precisamente, citó que la empresa Río Salado ofrece asesoramiento integral en materia ambiental.
“Fretes en la función pública hace todo lo que está a su alcance, fue presidente por cuatro periodos en la Corte Suprema de Justicia, metió a personas claves en direcciones del Poder Judicial y construyó poder en la Facultad de Derecho”, apuntó.
Contrato entre Hijazi y Amílcar Fretes
El analista dijo que la presión sobre Antonio Fretes no estaba ligada solamente al esquema con el cual se movía, sino también a la presión sobre Amílcar Fretes Escobar, hijo de otra esposa, quien se encontraba en una situación de mayor exposición, por lo que se deben analizar las circunstancias y bajo qué condiciones terminó hablando con Hijazi.
El contrato entre Kassem Mohamad Hijazi y Amílcar Fretes para trabar la extradición a los Estados Unidos fue de USD 368.000. La intención aparente era que el ministro Antonio Fretes interceda en el caso. Actualmente, hay dos pedidos de juicio político en su contra.
Sobre la situación de Amílcar, expuso que en el 2019 ya el banco Basa había impulsado en su contra y logró embargarle una propiedad por más de G. 500 millones, con la cual finalmente se quedó el banco. Recientemente, fue declarado en quiebra y se vio obligado a renunciar de la Itaipú Binacional.
El analista afirmó que es importante determinar cómo es que Hijazi llega al hijo de un ministro de la Corte y este, sea por interés, ambición o necesidad, accede a una persona que a leguas era conocida por una situación supersensible dentro de lo que es la política de seguridad del Estado.
Corrupción en el Poder Judicial
El comunicador y analista político aseveró que el caso de los hijos es recurrente en la Justicia y que en reiteradas ocasiones el ministro fallecido, Raúl Torres Kirmser, fue denunciado por culpa de su hijo. “Si hay una tradición de poder, porque se sostiene en clanes”, reveló.
De igual manera, dijo que si la Justicia en Paraguay construyó una estructura de impunidad, negligencia, corrupción y es calificada como uno de los sistemas más corruptos del mundo, con un sistema jurídico débil, además de ser la pata más deficiente para la inversión extranjera, es porque no se depuró en toda la transición a la democracia.
“El Poder Judicial se volvió la cueva de los pequeños dinosaurios”, recalcó, asegurando que se sostiene con base en corrupción, coima, tráfico de influencia y, sobre todo, ante la dificultad de acceso a la Justicia de las personas que realmente lo necesitaban.
Dijo que las denuncias de casos de Antonio Fretes siguen saliendo y tienen que ver con una política de negación de la Justicia, porque se habla de un pedido de coima, un expediente que llega a instancia de inconstitucionalidad y lo tiene que firmar él, o casos de quiebras de por medio y personas que pasan a un estado límite y personas que se aprovechan de ello.