Empresa denunciada por falsificación es la favorita del Congreso.
Astelev de Simón Recalde, empresa unipersonal denunciada por supuestamente falsificar certificados para quedarse con un millonario
contrato del Congreso Nacional para la provisión e instalación de ascensores, figura como la favorita desde 2020. A partir de ese año suma
siete acuerdos que totalizan en forma global G. 5.004 millones. De ese monto más de G. 2.433 millones se destinaron SOLO a mantenimientos y reacondicionamientos. Lo llamativo es que en ese lapso se registraron más percances con los elevadores.
“Nos vamos de reparación en reparación y no sé negocio de quién es ese…”, declaraba el 2 de agosto de 2024 el presidente del Congreso Nacional, Basilio «Bachi» Nuñez. Fue ante diferentes medios de comunicación luego de que una funcionaria de la Cámara Baja quedara atrapada por varios minutos en uno de los ascensores de Diputados.
Entonces, el titular del Parlamento hablaba de la necesidad de cambiar los elevadores, proyecto que puso en marcha a finales de setiembre último.
Lo sugestivo es que Bachi contrató a la misma empresa que cuestionó sobre los mantenimientos y a la que le atribuyó el “negocio”. Esta compañía es la unipersonal Astelev de Simón Recalde.
Recalde, recientemente denunciado por la supuesta falsificación de certificados técnicos, aparece como el favorito del Congreso Nacional a la hora de realizar trabajos en los elevadores de la Sede legislativa. Registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revelan que tiene contratos con este Poder del Estado desde 2020.
Su primer acuerdo tiene fecha 28 de octubre de 2020 para el mantenimiento de los ascensores del estacionamiento del Congreso Nacional. El monto era por G. 50 millones y la vigencia inicial 15 meses, es decir, hasta el 28 de enero de 2022.
Este plazo, sin embargo, mediante una adenda se amplió hasta el 31 de marzo de 2022.
El 16 de diciembre de 2020, Astelev consiguió su segundo contrato. Esta vez para el servicio de mantenimiento de los ascensores del edificio
del Congreso Nacional, por G. 332 millones.
El plazo inicial era hasta el 31 de enero de 2022, pero, mediante una adenda, se extendió hasta el 31 de marzo de 2022.
Coincidentemente, el 22 de marzo de 2022 se hizo público un percance con uno de los ascensores del Congreso. Tres funcionarios habían
quedado atrapados, según los reportes periodísticos.
Tras el incidente, el 12 de agosto de 2022 se firmó otro contrato para el servicio de mantenimiento de los ascensores del edificio y estacionamiento del Congreso Nacional. Era por G. 302 millones, con una vigencia inicial hasta el 31 de marzo de 2023, que luego se amplió hasta el 30 de junio de 2023.
Modernización
A la par del acuerdo por mantenimiento, el 7 de diciembre de 2022, Astelev logró un contrato para el reacondicionamiento y modernización de los ascensores del Poder Legislativo.
Lo cierto es que tras esta adjudicación, el 19 de setiembre de 2023 la empresa logró otra adjudicación, por G. 391 millones. Nuevamente para servicios de mantenimiento de ascensores del edificio y estacionamiento del Congreso Nacional.
Su vigencia inicial era hasta el 30 de junio de 2024. Sin embargo, mediante una adenda se extendió hasta el 31 de agosto de este año.
Sugestivamente, en agosto pasado, se hicieron públicos dos percances con los ascensores de la sede legislativa. Uno de ellos con respecto a la funcionaria atrapada, asignada a la Cámara de Diputados, en la cabina.
Empresa usó certificados de cursos técnicos falsos
El 21 de noviembre de 2024 se presentó ante la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Congreso Nacional, a cargo de Julio Medina, una grave denuncia contra la empresa unipersonal Astelev, de Simón Recalde.
Como denunciante aparece Luis Nores, representante de la empresa peruana GW Perú SAC Gatwick Ascensores.
La documentación dice que Astelev Elevadores supuestamente falsificó certificados con logotipo de la mencionada empresa extranjera para justificar cursos técnicos y especializados en cuanto a seguridad eléctrica y reparaciones preventivas de elevaciones verticales de ascensores de marcas específicas. Esta práctica presuntamente pudo conocerse tras una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) y en la cual se entregó en forma completa el informe de evaluación sobre el contrato por G. 2.570 millones para la provisión,
instalación y puesta en marcha de elevadores.
Este acuerdo se firmó el 2 de octubre del 2024, entre el presidente del Congreso Nacional, Basilio «Bachi» Nuñez, y Simon Recalde, propietario de Astelev.
El gerente de la empresa peruana señaló en forma contundente: “Desde ya manifiesto enfáticamente que DESCONOZCO DICHAS FIRMAS que obran en esos CERTIFICADOS que acompañaron documentalmente a la empresa adjudicada y adjuntadas por ella misma…”.
Fuente ABC Color